La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miercoles que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia judicial de la ex presidenta, luego de haber agotado todas las instancias de apelación disponibles en la Justicia argentina.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el NH Hotel de la ciudad de Buenos Aires, este miércoles, donde los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego presentaron los lineamientos de la ofensiva internacional que buscará revisar el proceso judicial que culminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De ser aceptado el planteo, el caso se revisará en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un órgano con sede en Ginebra integrado por 18 expertos independientes. Sus pronunciamientos no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

En el anuncio, los tres abogados presentaron los lineamientos de la ofensiva internacional. La defensa recurrió a una comunicación individual ante el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

La condena contra la expresidenta, por la que cumple arresto domiciliario, quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y avalada en las instancias superiores a ese tribunal.

Ese fallo de la Corte Suprema descartó los cuestionamientos sobre falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de la prueba. Para los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los planteos defensivos no lograron desvirtuar los fundamentos de las decisiones previas.

Durante la conferencia de esta mañana, el abogado Rafael Valim precisó que “hay un pedido cautelar de la suspensión de la inhabilitación perpetua” que enfrenta CFK como parte de su condena, lo que le impide participar de las elecciones. La defensa busca que “se suspenda esta sanción hasta que se tome una decisión de fondo sobre la condena. Esperamos que la revisión de la sentencia sea total”, dijo Valim.

Su par Javier Borrego aseguró que “es posible” que esa cautelar se resuelva en octubre de este año. Las otras dos medidas de este tenor que presentó la defensa apuntan a rever la prisión domiciliaria de la exmandataria y a revisar la composición de la Corte Suprema, que tiene dos de sus cinco sillones vacantes.

Con la vía interna cerrada, condición necesaria para acudir al sistema de Naciones Unidas, el equipo de la expresidenta resolvió priorizar ese canal por encima de otras alternativas que habían sido evaluadas, entre ellas una eventual presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas del sistema internacional impiden que una misma controversia tramite en simultáneo ante distintos organismos de protección de derechos humanos.

La defensa sostiene que durante la investigación y el juicio se vulneraron garantías fundamentales reconocidas por el tratado internacional. Entre ellas, el derecho al debido proceso, a ser juzgado por un tribunal imparcial y a contar con una defensa adecuada.

“He encontrado muchísimas violaciones y arbitrariedades. ¿Por qué esa hostilidad a la Dra. Kirchner? ¿Porque es mujer? ¿Por qué ha sido la Dra. Kirchner dos veces presidenta? Y una cosa curiosa: en la judicatura y en la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres; Cristina Fernández de Kirchner ha conocido cuatro instancias, y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez”, reflexionó el abogado español Javier Borrego.

Ese será el núcleo del reclamo: Cristina Kirchner no buscará en Naciones Unidas una nueva apelación sobre el contenido del fallo, sino un pronunciamiento sobre la compatibilidad del proceso con los estándares internacionales de derechos humanos, a los que Argentina adhiere. Incluso una resolución favorable no suspenderá la condena ni implicará una revisión inmediata de la sentencia firme.

Consultado el abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, sobré cuál sería el procedimiento específico en la justicia local, señaló que -en caso de que se hiciera lugar al pedido de alguna de las cautelares- se invocará ante la Cámara de Casación Penal el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal. La incorporación de la referencia es relevante porque contempla supuestos como el que persigue la defensa: si se resolviera una comunicación individual sobre la causa Vialidad, esa decisión podría constituir un fundamento para solicitar la revisión de la condena firme, conforme ese artículo.

Ello no implica una revocación automática de la condena, pero sería la estrategia legal para pedir la apertura del procedimiento de revisión. La Cámara de Casación deberá pronunciarse entonces sobre la viabilidad de ese reclamo.

En el entorno de la exmandataria reconocen que el trámite probablemente demandará meses en su primera etapa, y años en la cuestión de fondo. Aun así, consideran que una eventual opinión favorable podría fortalecer su posición en el plano político y en futuras discusiones judiciales.

La incorporación de Valim y Borrego fue presentada como una pieza de esta nueva etapa. Valim participó en la estrategia impulsada por Lula ante el mismo Comité de Derechos Humanos durante el proceso derivado de la operación Lava Jato, mientras que Borrego fue juez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La referencia al caso brasileño no es casual. En el expediente de Lula, el Comité concluyó que se habían vulnerado distintos derechos durante el proceso encabezado por el entonces juez Sergio Moro, aunque ese pronunciamiento llegó después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ya hubiera anulado las condenas. Para la defensa de la expresidenta argentina, ese antecedente aporta un marco de legitimidad internacional para cuestionar la actuación judicial local.

Uno de los principales argumentos de la futura presentación será la legalidad del proceso seguido en la causa Vialidad. En ese expediente se investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Durante el juicio de Vialidad, las defensas de los acusados cuestionaron que la pericia técnica ordenada por el tribunal abarcara solo cinco de las 51 obras públicas incluidas en la acusación. A partir de ese dato, sostuvieron que no era posible proyectar al conjunto de los contratos investigados conclusiones extraídas de esa muestra acotada.