La acusación presentada este miércoles en Florida contra el expresidente de Cuba Raúl Castro reabrió uno de los episodios más delicados en la relación entre Estados Unidos y Cuba: el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El exmandatario cubano, de 94 años, fue imputado por homicidio, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en una ofensiva judicial vinculada al ataque que dejó cuatro muertos de la organización Hermanos al Rescate.

La acusación fue presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Florida y apunta al rol que Castro ocupaba en ese momento dentro de la estructura militar cubana. En 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Según el expediente judicial, Castro habría ordenado o autorizado la operación aérea ejecutada por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana. Los cargos incluyen conspiración para matar estadounidenses, cuatro acusaciones de homicidio y dos cargos por destrucción de aeronaves.

También fueron imputados otros cinco militares cubanos presuntamente vinculados con el operativo.

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses de origen cubano y el cuarto residía legalmente en Estados Unidos.

Todos formaban parte de Hermanos al Rescate, una organización fundada en 1991 por José Basulto, exiliado cubano, piloto y veterano de Bahía de Cochinos.

Inicialmente, el grupo se dedicaba a localizar balseros cubanos en el estrecho de Florida y colaboraba con la Guardia Costera estadounidense para detectar embarcaciones precarias utilizadas por personas que intentaban escapar de la isla rumbo a Florida.

Con el paso de los años, la organización también comenzó a realizar sobrevuelos sobre Cuba y a lanzar panfletos contra el régimen de Fidel Castro, lo que generó fuertes tensiones entre ambos países.

El 24 de febrero de 1996, dos aeronaves Cessna desarmadas fueron alcanzadas por misiles disparados desde aviones militares cubanos. Un tercer avión, pilotado por Basulto, logró escapar y no fue atacado.

El gobierno cubano denunciaba esos vuelos como provocaciones y sostenía que las avionetas violaban su espacio aéreo. Sin embargo, organismos independientes concluyeron posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que las aeronaves civiles fueron atacadas fuera del territorio cubano, conclusión utilizada durante años por fiscales estadounidenses para sostener que se trató de un ataque ilegal y deliberado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló en un informe que los pilotos no recibieron advertencias previas antes de ser derribados por los cazas cubanos. Los cuerpos de las cuatro víctimas nunca fueron recuperados.

Durante décadas, distintas administraciones estadounidenses evitaron avanzar judicialmente contra una figura de tan alto nivel dentro del régimen cubano, debido a las implicancias diplomáticas que podía generar.

La situación cambió en medio del endurecimiento de la política exterior impulsada por Donald Trump hacia La Habana, con nuevas sanciones económicas, mayor presión sobre el régimen cubano y respaldo a sectores del exilio en Miami que reclamaban una acusación penal contra Castro.

El anuncio fue encabezado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, un lugar simbólico para la comunidad cubana en Estados Unidos.

El exfiscal federal Guy Lewis, que trabajó en investigaciones relacionadas con el caso, aseguró que “las pruebas eran contundentes” y calificó el derribo como “un homicidio premeditado y orquestado”.

Familiares de las víctimas, legisladores estadounidenses y organizaciones del exilio cubano impulsaron durante años pedidos para que Castro enfrentara cargos penales por el caso.

Pese a la gravedad de la imputación, aún no está claro si el expresidente cubano enfrentará efectivamente un juicio en territorio estadounidense. Cuba no extradita ciudadanos y Castro continúa viviendo en la isla, donde mantiene influencia política pese a haber dejado formalmente el poder.